El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras, dictó este domingo 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, así como contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, imputados de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos y corrupción administrativa en perjuicio del Estado dominicano.
Asimismo, el magistrado impuso arresto domiciliario, garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda y Cinty Acosta Sención. Estos imputados han optado por colaborar con el Ministerio Público, aportando información considerada “valiosa” para el avance de la investigación.
El juez declaró el proceso como caso de tramitación compleja, debido a la pluralidad de víctimas y a la magnitud del daño, al tratarse de una Administradora de Riesgos de Salud (ARS) que ofrece cobertura a más de siete millones de dominicanos.
De acuerdo con la acusación, entre los procesados figuran personas que habrían recibido más de dos mil millones de pesos en sobornos, incluyendo al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y al exconsultor jurídico de la institución, Germán Robles.
El Ministerio Público presentó un amplio expediente probatorio que incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y diversas pruebas periciales, las cuales fueron expuestas durante la audiencia celebrada entre jueves y viernes. Tras la presentación de las defensas, el órgano acusador realizó su réplica final.
Al grupo se le imputan, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, en uno de los casos de corrupción administrativa más graves vinculados al sistema de salud pública del país.
