Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó este domingo 7 de diciembre de 2025 la Ley núm. 97-25, que introduce una profunda reforma al Código Procesal Penal (CPP), en cumplimiento de la Sentencia TC 0765-24 del Tribunal Constitucional, que ordenó la sustitución de la Ley 10-15.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que esta modernización del CPP responde a los principios democráticos actuales y recoge criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia.
Peralta destacó que la nueva normativa fortalece de forma significativa los 28 principios del proceso penal, consolida un modelo más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de derecho, y actualiza un texto que llevaba años demandando revisión.
El documento será publicado este lunes en la Gaceta Oficial, y según establece la legislación, entrará en vigor el próximo martes en el Distrito Nacional y el miércoles en todo el país.
Avances clave de la reforma
Entre los aspectos más relevantes, la Ley 97-25:
Amplía los mecanismos modernos de resolución de conflictos: justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento para delitos con penas de hasta cinco años.
Refuerza el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la asistencia técnica integral para personas vulnerables.
Eleva los principios fundamentales del proceso penal y moderniza los procedimientos para hacerlos más humanos y eficientes.
Establece que los derechos del investigado se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de fondos.
Aumenta los plazos para la presentación del escrito de defensa y otorga más posibilidades de solicitar contraperitaje.
Impone límites de hasta dos años para los archivos provisionales, que antes no tenían fecha máxima.
Medidas de coerción más claras y plazos razonables
La reforma precisa reglas sobre arrestos y órdenes de comparecencia, e introduce un control judicial más riguroso en las revisiones obligatorias de medidas coercitivas.
Se incorpora el criterio de plazo razonable, estableciendo un máximo de:
4 años para casos ordinarios
5 años para casos complejos
También se elimina la figura del “nuevo juicio” en apelación, permitiendo a las cortes instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, garantizando así un doble grado de jurisdicción efectivo.
Una justicia más moderna, humana y funcional
El consultor jurídico afirmó que esta reforma impulsa una transformación integral en la administración de justicia penal, priorizando la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes. También armoniza el CPP con el nuevo Código Penal, especialmente en lo relativo a la clasificación de las infracciones.
Peralta señaló que esta importante reforma fue posible gracias a amplios consensos construidos durante extensas sesiones de trabajo en las que participaron legisladores, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y representantes del sector jurídico nacional.
Finalmente, destacó que, junto a la Ley de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penal, esta actualización del Código Procesal Penal consolida en la República Dominicana una justicia penal más humana, moderna y eficiente, ajustada a las exigencias constitucionales y a los desafíos contemporáneos del sistema judicial.