Santo Domingo.– El nombre de Rafael Féliz García ha vuelto al centro del debate público tras revelaciones que lo vinculan a presuntas prácticas de recaudación política y a cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio mientras ocupaba funciones en la administración pública.
De acuerdo con testimonios difundidos recientemente por el programa N Investigación Periodística, empleados del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) habrían sido motivados a aportar parte de sus salarios para respaldar el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, fundado por el exrector.
Excolaboradores del Ministerio de la Juventud aseguran que dinámicas similares se habrían repetido durante su gestión, describiendo una supuesta estructura de aportes “voluntarios” que habría operado por más de cinco años.
Además de los señalamientos económicos, algunos empleados relataron que recibieron solicitudes para publicar mensajes en redes sociales promoviendo la gestión de Féliz García y proyectos institucionales. Capturas de pantalla y registros de llamadas apuntarían a presiones para firmar cartas negando cualquier tipo de coerción, lo que habría generado inconformidad interna y un clima de tensión en determinadas áreas.
En cuanto a su trayectoria, Rafael Féliz García, de 29 años, asumió la rectoría del ITLA en julio de 2024, luego de desempeñarse como ministro de la Juventud y vicerrector del Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis. También figura como docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Paralelamente a su carrera pública, se registró un crecimiento patrimonial que ha despertado atención mediática.
Tres declaraciones juradas indican que pasó de no reportar propiedades a adquirir un penthouse valorado en más de RD$10.7 millones, así como una yipeta de alta gama. Los documentos también reflejan participación mayoritaria en una empresa familiar, el registro de una compañía comercial mientras ejercía funciones públicas y la adquisición de una propiedad en 2023 mediante un préstamo del Banco de Reservas. No se consignan herencias ni donaciones, lo que ha generado interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados.
Mientras sus ingresos como servidor público rondaban los RD$200,000 mensuales, los préstamos acumulados superan los RD$15 millones, lo que ha provocado cuestionamientos sobre sus compromisos financieros y la existencia de otras fuentes de ingresos no declaradas.
En el ámbito empresarial, su participación en Felga Bienes Raíces SRL habría aumentado significativamente, pasando de una cuota simbólica a 800 acciones. Asimismo, figura como socio en Uikucabo Rojo Liquor Store SRL, registrada en Pedernales y dedicada a la comercialización de bebidas, según registros mercantiles.
Entre los señalamientos adicionales se mencionan observaciones internas sobre posibles irregularidades administrativas, antecedentes judiciales de colaboradores y una querella por presunto acoso laboral que, según la denunciante, no habría recibido seguimiento oportuno.
Ante estas denuncias, el ITLA informó que remitió la documentación a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), encabezada por Milagros Ortiz Bosch, para fines de evaluación institucional. La entidad negó la existencia de deducciones de nómina con fines políticos, asegurando que no existen mecanismos oficiales para ello, mientras los denunciantes sostienen que los aportes se realizaban en efectivo o mediante transferencias personales.
Las investigaciones continúan abiertas.
Los involucrados han solicitado garantías de protección para los testigos y una auditoría exhaustiva que permita determinar posibles faltas administrativas y eventuales responsabilidades legales.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido conclusiones definitivas y el caso permanece en desarrollo, manteniendo la atención pública por sus implicaciones administrativas y patrimoniales.