OAXACA, México. — Comunidades protestantes de México realizaron manifestaciones para denunciar presuntos actos de persecución religiosa, desplazamiento forzado, violencia y destrucción de templos en comunidades indígenas del estado de Oaxaca.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad religiosa, luego de que familias cristianas de la comunidad de San Isidro Arenal, en el municipio de San Juan Lalana, fueran presuntamente expulsadas de sus hogares y tierras por practicar una religión distinta al catolicismo.
De acuerdo con información difundida por CSW, el pasado 6 de agosto unas 300 personas habrían despojado a las últimas familias pertenecientes a la minoría religiosa de sus tierras y ganado, destruido cultivos y provocado el incendio de la única iglesia protestante de la comunidad.
La organización señaló que miembros de la Iglesia Cristiana Protestante Interdenominacional (ICIAR) habían denunciado desde noviembre de 2023 actos de discriminación, violencia y detenciones arbitrarias relacionados con sus creencias religiosas.
Denuncian agresión contra pastores
La tensión aumentó el 16 de agosto, cuando los pastores Moisés Sarmiento Alavés y Esdras Ojeda Jiménez, junto con otros dos hombres, acudieron a la comunidad ante un procedimiento legal anunciado por la Fiscalía del Estado de Oaxaca.
Según CSW, el procedimiento no se llevó a cabo y los cuatro hombres fueron atacados por una turba. La organización afirmó que fueron golpeados, despojados de sus ropas, detenidos durante varias horas y obligados a firmar un documento que, según la denuncia, no tuvieron oportunidad de leer.
Posteriormente fueron liberados por agentes policiales.
Protestas por la libertad religiosa
Ante estos hechos, miembros de ICIAR y simpatizantes anunciaron movilizaciones en la Ciudad de México y Oaxaca para exigir respeto a la libertad de religión o creencia y reclamar acciones de las autoridades.
Organizaciones defensoras de los derechos religiosos sostienen que ninguna comunidad debería utilizar sus normas internas para impedir que sus habitantes profesen una religión diferente.
El abogado y representante de la Fraternidad de Pastores, Porfirio Flores, pidió mayor atención de las autoridades al conflicto y llamó a buscar soluciones que respeten tanto los sistemas normativos internos como el carácter laico del Estado mexicano.
La controversia se origina en un acuerdo comunitario de 1993 que habría establecido al catolicismo romano como única religión permitida en San Isidro Arenal. Sin embargo, la libertad religiosa está reconocida por la Constitución mexicana.
Las organizaciones denunciantes reclaman que las autoridades intervengan para proteger a las familias afectadas y que, si se comprueban delitos, los responsables sean llevados ante la justicia.