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De acuerdo con la versión ofrecida, la representante del Ministerio Público acudió al destacamento con el objetivo de realizar labores de supervisión y verificación de procesos administrativos y operativos, conforme a sus atribuciones legales. Sin embargo, asegura que el coronel le negó el acceso e imposibilitó el desarrollo de su trabajo.
Este hecho ha generado preocupación en distintos sectores, ya que, según lo establecido por la ley, los fiscales tienen la facultad de supervisar actuaciones de la Policía Nacional, especialmente cuando existen indicios de posibles irregularidades. Impedir estas funciones podría interpretarse como una violación al debido proceso y a los principios de transparencia institucional.
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en materia de seguridad han advertido