Santo Domingo, República Dominicana.
El psicólogo clínico y director del medio de comunicación Tiempos Finales, Lic. Juan Taveras de Oleo, denunció haber sido víctima de un intento de extorsión digital a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
De acuerdo con las evidencias presentadas, varios números telefónicos contactaron al comunicador enviándole mensajes amenazantes en los que aseguraban poseer supuestos videos comprometedores. Los individuos exigían el pago de una suma de RD$150,000 pesos a cambio de no difundir dicho contenido, bajo la amenaza de dañar su reputación personal y profesional.
En los mensajes también se observa una estrategia de presión psicológica, donde los extorsionadores afirmaban estar distribuyendo el material y advertían que sería enviado a contactos cercanos de la víctima si no accedía a sus exigencias económicas.
El Lic. Juan Taveras de Oleo calificó el hecho como un intento claro de chantaje digital, una práctica delictiva que ha ido en aumento en el país, afectando tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes.
Especialistas en seguridad digital advierten que este tipo de delitos busca manipular emocionalmente a la víctima mediante el miedo y la vergüenza, con el objetivo de obtener beneficios económicos de manera ilícita.
Ante esta situación, se hace un llamado a las autoridades competentes, incluyendo la Policía Nacional y el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), para investigar el caso y dar con los responsables.
Recomendaciones ante intentos de extorsión digital:
1. No ceder ante las amenazas ni realizar ningún tipo de pago.
2. Conservar todas las pruebas, como capturas de pantalla, audios y números telefónicos.
3. Bloquear y reportar inmediatamente los números involucrados en la plataforma utilizada.
4. Evitar responder o entrar en discusión con los extorsionadores.
5. Informar a familiares y contactos cercanos para prevenir posibles manipulaciones.
6. Presentar una denuncia formal ante las autoridades, especialmente en el DICAT.
7. Revisar la configuración de privacidad en redes sociales para limitar el acceso a información personal.
Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer la educación digital y los mecanismos de protección ante el creciente auge del cibercrimen en la República Dominicana.